La reciente condena a pagar a los ex socios del Banco Comercial 140 millones de dólares más U$S 10 millones anuales de intereses, se sumó al juicio que, ahora en negociaciones, obliga a pagar U$S 244 millones a la fugaz concesionaria de un canal de TV para abonados del interior, entre 2.000 juicios en los que “arriesgamos unos U$S 600 millones”. En ese panorama, la Justicia redujo a una diezmilésima parte los honorarios de un abogado en la demanda por la TV para abonados.
Rumbosur, 4/5/2006.
Creada en la última por ley presupuestal y formada hace unos meses, la Defensoría del Estado –dependiente del Ministerio de Educación y Cultura para centralizar las demandas contra los dineros públicos— está en una etapa preparatoria de su tarea, recabando datos y apuntando a un reordenamiento marco de los servicios que afrontan litigios.
El subsecretario de Educación, Felipe Michelini, adelantó que existe una ausencia de protocolos para guiar a los abogados que defienden al Estado a la hora de llegar a instancias de negociaciones y conciliaciones. “Por no tener protocolos claros para negociar, es sumamente posible que estemos perdiendo más que lo inevitable; se puede llegar a importantes ahorros en los casos que perdamos”, comentó a rumbosur. “Por más que contemos con buenos profesionales en las salas de abogados, les faltan criterios claros y recursos”; de allí la necesidad de establecer protocolos de actuación comunes.
Una de las tareas de la Defensoría será estudiar qué deja como enseñanza el fallo reciente de la Justicia estadounidense referido al Banco Comercial, además de los 140 millones de dólares a pagar. Y qué enseñanzas deja también el litigio de Ana María Troncoso contra el Ministerio de Defensa (MDN), el más importante desde que el monto a pagar asciende a 244 millones de dólares.
“El más grande”
Todas las puertas estaban abiertas.
Eran todos camaradas.
Eran todos camaradas.
En febrero de 2005, faltando 15 días para que asumiera el nuevo gobierno, a los uruguayos se les cortó la respiración cuando el entonces diputado Víctor Rossi denunció que un sistemático “olvido” en el cumplimiento de distintas instancias judiciales hacían “difícil creer que sólo fueron torpezas o errores” en la demanda de Troncoso. Cuando el tema llegó al Parlamento, durante la pasada legislatura, el senador José Korzeniak lo calificó como “un acomodo” en el “juicio contra el Estado más grande de la historia”. El tiempo parece darle la razón: un funcionario jerárquico del Ministerio de Defensa, el doctor y coronel Hugo Permuy Brito fue procesado por actuar en connivencia con los reclamantes, el doctor Germán Amondarain fue sumariado, y el técnico que participó en la estimación del “perjuicio” fue objetado. Pero el juicio ya estaba perdido.
Los daños y perjuicios reclamados por Troncoso y sus abogados son más de 54 millones de dólares por 77 mil abonados que calculan en pequeñas poblaciones canarias, más 47 millones y medio por lucro cesante, más 100 millones por daño moral de ella y de su esposo, más los gastos del juicio.
Rossi había llamado a Comisión al ex ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, y al ex subsecretario Elías Bluth, en enero de 2004. Es que el MDN pedía auxilio urgente para salir peleando “de atrás” en un juicio con particularidades muy llamativas.
Todo comenzó en agosto de 1993, bajo la administración Lacalle, cuando Troncoso fue beneficiada con varias frecuencias de televisión para abonados en localidades de Canelones, por sucesivas resoluciones del MDN. Quien actuó en esas concesiones fue el subdirector nacional de Telecomunicaciones y sobrino del entonces ministro de Defensa Nacional Mariano Brito, Hugo Permuy Brito. Estaba de licencia del director, coronel Esteban Hackenbruch, pero cuando volvió a sus funciones, un mes después, las frecuencias fueron revocadas a instancias del propio Ministerio (fundado en que no debió haberlas concedido porque no estaban disponibles) o de la Justicia, por acción de empresas competidoras.
Troncoso recurrió contra esa revocación pero, un año después, en septiembre de 1994, el MDN no hizo lugar al recurso. Fue otra irregularidad: la resolución había quedado firme automáticamente al no existir un pronunciamiento en el plazo de 150 días, pero el Ministerio se tomó el trabajo de resolver expresamente algo que ya estaba resuelto siete meses antes por el solo transcurso del tiempo. Con eso, dejaba abiertas otras instancias que los reclamantes ya habían perdido. Pero esa “torpeza” era poco en comparación con lo que vendría.
Inexplicablemente, durante el segundo gobierno de Julio Sanguinetti, el nuevo ministro de Defensa –el nacionalista Raúl Iturria— tres años y medio después de vencidos los plazos y sin que hubieran variado los elementos de juicio, hizo lugar el 18 de febrero de 1998 a aquel recurso de 1993 rechazado expresamente en septiembre de 1994. El MDN revocó la resolución que había dejado sin efecto la concesión de las frecuencias, cuando lo único que correspondía era devolver el expediente al archivo sin más trámite.
Esta resolución dio los fundamentos a Troncoso para demandar al MDN, ya que el propio Ministerio reconocía que obró sin razón, y además habilitó nuevamente los plazos para que volviera a reclamar las frecuencias.
Basándose en esa resolución, Troncoso argumentó que ahora las frecuencias ya no le servían y reclamó los “daños y perjuicios” sufridos por aquella lejana revocación de los permisos. “Daños y perjuicios” que no eran pocos: entre abonados y lucro cesante casi 100 millones de dólares, y nada menos que 100 millones por daño moral de ella y de su esposo, más los gastos del juicio.
Más “desidia”
La Sala de Abogados del Ministerio, en lugar de responder a la demanda por daños y perjuicios, dejó vencer los plazos mientras discutía aspectos procesales del trámite. Cuando el MDN recurrió a su vez contra el fallo judicial que había aceptado la demanda, la Justicia sentenció que, ya que el propio Ministerio le había dado trámite indebidamente, la sentencia estaba firme. El MDN había perdido la oportunidad de defenderse, y quedaba obligado a pagar.
Fue entonces que, en 2004, el Ministerio contrató a los doctores Juan Andrés Ramírez, Alejandro Abal Oliú y Eduardo Carbajales Marginet, integrantes del estudio jurídico Herbert, Xavier de Mello, Ramírez y Abal (HRXA) para que intentara reducir el monto a pagar. Y fue en ese momento que el juicio tomó estado público, cuando el Tribunal de Cuentas pidió autorización al Parlamento para contratar en forma urgente a ese estudio. Los honorarios de HRXA, según el contrato, son nueve cuotas semestrales de 18.917 dólares más el 0,075% de rebaja que consigan sobre el monto de la demanda.
El entonces subsecretario de Defensa, Elías Bluth, fundamentó la contratación en que el MDN había quedado “en estado de indefensión”. Y el ministro Yamandú Fau terminó comprometiéndose a investigar por qué, desde 1993 hasta 2003, “la Sala de Abogados del MDN y los responsables de esa cartera habían cometido tantos errores, no se habían presentado a tantas instancias, habían dejado pasar tantos plazos” que, señaló Rossi, “resultaba sospechoso pensar que todo fuera sólo por negligencia”.
Paralelamente a este intento por reducir la indemnización, el juez Rolando Vomero procesó al abogado Hugo Permuy Brito al probarse que, siendo subdirector de Telecomunicaciones y abogado del Ministerio, fue el autor intelectual del juicio. Un análisis semiótico demostró que los escritos presentados por Troncoso habían sido redactados por él, pero además actuó como testigo e incluso firmó como abogado de la demandante. Cerrando el círculo, el abogado de Permuy Brito en esta instancia es Adolfo Gutiérrez, el mismo que representaba a Ana María Troncoso.
Seguramente el Estado pagará gustoso los 8.000 dólares que corresponden a Ramírez y asociados como 0,075% del total ahorrado por honorarios en uno de los juicios iniciados por Miguel Sofía, quien aspiraba a más de 10 millones de dólares.Por otra parte, fue recusado el perito contador Néstor Camusso, quien intervino en el cálculo de los presuntos daños reclamados al MDN (y cobró por ello honorarios de U$S 25.000). Es que la Justicia le había condenado con prisión por estafa, en otro caso en el que se le tipificó abuso de inferioridad psicológica de la víctima.
Un poquito menos
El miércoles 26, el doctor Sofía, esposo y abogado de la demandante, tuvo un revés cuando un Tribunal de Apelaciones puso fin a su pretensión de cobrar más de 10 millones de dólares de honorarios por una de las instancias en el juicio. El patrocinante del Ministerio, Juan Andrés Ramírez, obtuvo en primera instancia que el juzgado rebajara los honorarios de Sofía a 5.000 dólares, y en una nueva apelación el Tribunal los fijó en 1.250 dólares, una diezmilésima parte de lo reclamado. Ramírez argumentó que no existe derecho a cobrar costos cuando se litiga en causa propia, como es el caso, y los ministros del Tribunal fallaron que no corresponde pagar honorarios sino únicamente los gastos.
Según lo explicaba en enero de 2004 el entonces ministro Fau en el Parlamento, el monto se refiere sólo a una instancia particular del proceso, para la cual “el abogado ha estimado sus honorarios en la cifra exacta de 10 millones 661 mil dólares”. Seguramente el Estado pagará gustoso los 7.949,06 dólares que corresponden a Ramírez y asociados como 0,075% del total ahorrado.
Los juicios siguen porque, como informaba Fau, “si [el doctor Sofía] llegara a tener éxito en toda la gestión que ha emprendido, los honorarios por ese incidente, más los que percibiría por los juicios que debió entablar para los reclamos totales, ascenderían a la suma de 40 millones de dólares. [...] Yo tengo obligaciones institucionales que me exigen ser muy cauto y muy respetuoso en las afirmaciones que pueda realizar (...) en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, pero en otra instancia me sobrarían adjetivos para calificar una reclamación de daños por 240 millones de dólares y el pago de honorarios a un señor abogado por 40 millones de dólares”.
Razonando al contrario que Fau, si quien tuviera éxito absoluto fuera el estudio de Ramírez y lograra abatir en la misma proporción todos los montos reclamados, el Estado debería pagar (jugando con las cifras a título meramente especulativo) sólo 28.773,60 dólares a los reclamantes, más las nueve cuotas semestrales de honorarios al estudio HRXA, que suman 170.253, más 183 mil dólares por concepto de 0,075% de lo ahorrado, lo que totalizaría 382 mil dólares y algunas pelusitas.
El Estado habrá ahorrado más de 243 millones de dólares, el estudio HRXA se habrá ganado en buena ley casi 353 mil dólares de honorarios, y todos felices. Todo porque, el 18 de febrero de 1998 algunos abogados y gobernantes exhumaron del archivo un expediente muerto para dar la razón a quien estaba esperando esa resolución para iniciar una demanda.
Ramírez adelantó a rumbosur que reclamará “costas y costos” a los demandantes (Troncoso y Sofía deberían pagar incluso los honorarios del estudio HRXA). Otro cantar es que el Estado pueda resarcirse efectivamente en sus ex “servidores” el daño padecido.
Banco Comercial
Según el fallo reciente, se deberá abonar 100 millones de dólares más honorarios e intereses a los bancos J.P. Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank como devolución del monto que colocaron para capitalizar al Banco Comercial en enero de 2002. La Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó un reclamo de Uruguay, representado por un estudio de abogados estadounidense, ya no es posible promover otros recursos, y sólo queda pagar unos U$S 140 millones más intereses de 10 millones al año.
La demanda de los socios del Comercial fue presentada en enero de 2003, invocando incumplimiento del contrato de capitalización del banco firmado el 26 de febrero del año 2002. Según ese contrato, suscrito por el ex ministro de Economía Alberto Bensión, el Estado debía capitalizar al Banco Comercial junto con los bancos demandantes. En caso contrario, los socios podrían exigir que el Estado comprara las acciones por U$S 100 millones.
Los derechos al cobro de los bancos se encuentran embargados por ex ahorristas del Banco Comercial y de la Compañía General de Negocios, medida preventiva hasta que se emita la sentencia definitiva.
El banquero Paul Elberse fue contratado por U$S 20.000 mensuales más gastos personales que promediaban otro tanto. Su remuneración generó polémica, se negó a renunciar pero dejó la posibilidad de negociar su salida. Alfie lo destituyó sin indemnización, pero Elberse ganó un juicio por más de un millón de dólares.
La sentencia lleva a considerar cómo enfrentar litigios fuera de fronteras, y con qué criterios contratar estudios jurídicos en el exterior. “Hay una indefensión muy grande del Estado en un mundo global. También nos faltan protocolos para definir cómo contratar asesorías extranjeras”, destacó Michelini.
El antiguo vicepresidente del Nuevo Banco Comercial, Paul Elberse, ya había ganado un juicio por despido arbitrario, y el Estado quedó obligado a pagarle un millón 200 mil dólares.Tras la crisis de 2002, el gobierno creó el Nuevo Banco Comercial. “El criterio técnico (fue) encontrar a quienes pudieran ayudar a crear un banco en dos meses”, explicó entonces el ex ministro Alejandro Atchugarry en nota al Parlamento. “Se optó por el ex gerente del Banco Comercial SA, quien había sido convocado desde Estados Unidos de América y contratado por el Estado en febrero de 2002 para asumir la dirección y gerenciamiento de dicho banco, a partir de la remoción de los directores designados por los antiguos accionistas”.
La remuneración de Elberse generó controversia: sumado al pago de gastos personales, trepaba a los 40.000 dólares mensuales. Como consecuencia de la tormenta política, el entonces ministro
de Economía, Isaac Alfie, reclamó la renuncia de Elberse, pero éste se negó aunque abrió la posibilidad de una salida negociada. Alfie respondió ordenando al directorio del Nuevo Comercial, en octubre de 2003, que destituyera a Elberse. El contrato –suscrito por el ex ministro Alberto Bensión— le daba derecho a indemnización, y su reclamo prosperó cuando expiraba el gobierno colorado, en diciembre de 2004.***
¿Demencial o calculado?
El entonces diputado Víctor Rossi insinuó que en realidad nunca existió interés en explotar las frecuencias de TV para abonados que hoy puede costarnos U$S 244 millones, sino en generar la demanda. Lo hizo elípticamente al preguntar en la sesión del 27 de enero de 2004: “¿Qué se buscaba con la revocación de la revocación? Es evidente que si lo que se quería era dar las autorizaciones para el suministro de TV por cable y asignar las frecuencias radioeléctricas necesarias, todo se arreglaba con una nueva resolución favoreciendo a los empresarios demandantes, sin vincularlo con las resoluciones anuladas”.
En la misma sesión, el senador José Korzeniak fue explícito: “Creo que este acomodo se gestó hace muchos años”, dijo. Respecto al esposo y abogado de la reclamante, Miguel Sofía, agregó: “Se trata de un hombre que, sobre todo en el período de la dictadura, tuvo una vinculación estrechísima con algunos círculos del Ministerio de Defensa Nacional. Inclusive, esa vinculación posibilitó que fuera a Estados Unidos integrando el cuerpo diplomático uruguayo [...]. En ese país cometió un delito: robó en un supermercado. Entonces, lo trajeron para acá y fue sancionado por el propio Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, quedó con una vinculación fuerte y con un conocimiento muy completo de muchas de las cosas que habían pasado en el Ministerio de Defensa Nacional durante la dictadura”.
