“Vamo a dejarla ahí”

Nadie entendía nada, hasta que habló el Goyo

“¡¿Qué pedir perdón ni pedir perdón?! ¡Antes caer de espaldas que de rodillas!”. La boca torcida en un rictus desafiante, el teniente general Gregorio Álvarez bramó la respuesta a la cara de los periodistas que le preguntaban qué habían querido decir los 10 ex comandantes con su carta difundida en el Día del Ejército. Tal vez su estallido puso un antes y un después definitivo en “la cuestión militar”.

Rumbosur, 25/4/2006.

Hace dos semanas, la Justicia envió a prisión a cuatro personas por el asesinato de un empresario inmobiliario. Según trascendió, un inversor español contrató a un policía para que (“por medios no legales”, dicho eufemísticamente) recuperara el dinero que le habría birlado el empresario. El policía mató al empresario, trataron de ocultar el asesinato, fueron descubiertos y marcharon a prisión el inversor, su mujer, el policía, y el escribano que supo y calló. Presumiblemente, la defensa alegará que quien disparó el arma fue el policía. Pero quien ordena apremiar ilegalmente a una persona es responsable de lo que ocurra de ahí en adelante, y por eso los involucrados están procesados por homicidio.

El general Gregorio Álvarez razonaba así cuando, siendo comandante en jefe, emitió en julio de 1978 la célebre orden interna 7777 anunciando: “Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los Derechos Humanos se le adjudica, el suscripto se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia”.

“Yo lo maté”, asumió –con el mismo sentido común— el teniente general Hugo Medina en una lejana entrevista con César Di Candia, cuando éste le preguntó quién había matado al doctor Vladimir Roslik. Medina era el comandante de la región militar de la cual dependía el cuartel donde el médico fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984. No adujo que él no había dado orden expresa de matarlo, ni importaba quién se había “excedido” al sumergir a Roslik en el tacho: fue personal a su mando en una dependencia a su mando. Medina tampoco argumentó que el operativo que terminó en la muerte de Roslik fue una maniobra para debilitarlo a él como “aperturista”, precisamente en oposición a los “duros” liderados por Gregorio Álvarez. En lugar de argumentar, explicar, justificar, dijo escuetamente: “Yo maté a Roslik”.

También a la salida de la dictadura, los comandantes de las Fuerzas Armadas emitieron en 1986 una recordada declaración, en la que reivindicaban el golpe del Estado (“cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad, de magnitud tal que no se logre conciliar un punto de entendimiento y la crisis trae como consecuencia el quebrantamiento de la legalidad vigente”). Los comandantes explicaban elípticamente que habían perdido “los puntos de referencia” y reconocían que “los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción u omisión”.

Coincidentemente, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la izquierda y sectores minoritarios del Partido Nacional y del Partido Colorado reclamaban juzgar a los autores materiales de los delitos, pero también y en primer término a quienes tuvieron la responsabilidad no sólo de la “guerra contra la subversión” (que en realidad había terminado un año antes del golpe de Estado), sino de las violaciones ocurridas durante toda la dictadura.

Pero, pese a tanta unanimidad en la responsabilidad máxima del mando superior, en aquel mismo 1986 el Parlamento se vio forzado a aprobar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y luego la ciudadanía la ratificó en medio de un clima que amenazaba con otro golpe militar.

Sobre mojado

Por eso, cuando trascendió en vísperas del Día del Ejército que 10 ex comandantes difundirían una carta abierta, en la que asumían la “responsabilidad” por las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, medio país salió a interpretar qué se proponían.

Ya el jueves 18, los programas periodísticos de radio y televisión comenzaron leyendo la carta y buscando aclaraciones, repercusiones, o por lo menos signos exteriores que permitieran una interpretación.

Para empezar, se comprobaba que eran casi todos los ex comandantes aún vivos: Gregorio Álvarez (1978-79), Guillermo de Nava (1990-1992), Juan Curutchet (1995-96), Fernán Amado (1998-99), Carlos Daners (2001-2004), Carlos Berois (1987-90), Juan Rebollo (1992-93), Raúl Mermot (1996-98), Juan Geymonat (1999-2001) y Santiago Pomoli (2004-2005).

Segunda comprobación, el único que ocupó el cargo durante la dictadura fue Álvarez.

Tercera comprobación, no la firmaban Daniel García (1993-1995) ni Ángel Bertolotti (2005-2006), el inmediato predecesor del teniente general Carlos Díaz. Con las horas se sabría que Bertolotti no fue informado de la carta ni invitado a firmarla. Se tomaba nota de que, durante el actual gobierno, Bertolotti encabezó las investigaciones sobre desaparecidos y elaboró el informe que reconoció por primera vez de manera oficial la desaparición de personas.

Fuentes próximas a Daniel García aclaraban que él tampoco fue informado previamente, y que “hace tiempo que no concurre a reuniones de militares”. En abril del año pasado, en el programa Código País de Teledoce, García negó que el Ejército torturara a sus detenidos: los prisioneros declaraban espontáneamente y después pedían a sus interrogadores que los golpearan para justificar, con las marcas, porqué habían colaborado, afirmó. Pero se tomó nota de que García se había manifestado partidario de un pedido de perdón por parte de los militares. Después de las primeras interpretaciones a partir de quiénes firmaban, quiénes no y por qué, se pasaba a la segunda parte: qué decían y qué efecto buscaban con la carta.

Ma non troppo

Los ex comandantes precisaban el motivo de su salida pública: “varios camaradas en actividad y retiro han debido concurrir a Juzgados por citaciones en distinta calidad, relacionadas con hechos del pasado”, “casos recientes y en algunos otros en trámite, (...) abriendo el paso a la Justicia de otros países para que actúen sobre camaradas nuestros, ciudadanos de esta Nación, por los hechos ya mencionados”. Es decir, la extradición de implicados en el secuestro y asesinato del agente chileno Eugenio Berríos, y los detenidos para extradición por el secuestro y asesinato de María Claudia García de Gelman.

Las premisas de la carta no pasaban de generalidades (“el Jefe es responsable de lo que hacen sus subordinados”, “apoyo incondicional al Ejército y su Mando”, “compromiso con el Ejército y con la Nación que les es propio por su condición militar y por el cargo que ejercieron”) o ambigüedades (“adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos”).

La sustancia parecía estar en el remate: “Declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias, por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del Ejército, como un compromiso solidario e intransferible”.

Varios dirigentes políticos consultados destacaban el tono “mesurado” de la carta. Familiares de detenidos desaparecidos apuntaban que, si los comandantes se estaban declarando culpables por los delitos que cometieron sus subalternos, lo recibían con beneplácito. Una redacción ambigua como “adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos” podía querer decir muchas cosas.

Según los primeros trascendidos de fuente militar, los firmantes aspiraban a “que la situación sea escuchada, atendida, y que –si creen que es una instancia que amerita conversar con nosotros, o mandarnos citar– bueno, todo eso está abierto”, dijo uno de ellos a En Perspectiva fuera de micrófono. Nada nuevo, entonces, salvo que quisieran dar una señal clara de que no resistirían una citación, como algunos anunciaron en su momento y se volvió a decir recientemente.

*** 

¿Qué querían decir, entonces, a quiénes y para qué? Porque el general Mermot distinguió rápidamente entre los “actos de servicio” y sus consecuencias de torturas, muertes y desapariciones. “¿Usted puede pensar que alguien pueda dar esa orden sensatamente, que alguien que ahora se hace responsable pueda haber dado esa orden?”, preguntó en relación a la muerte de María Claudia García de Gelman. “¿Cómo va a ser un acto de servicio? No, no. De ninguna manera”, enfatizó. Y remarcó: “Uno es responsable de todo lo que hagan o dejen de hacer los subordinados en tanto lo hagan cumpliendo órdenes, directivas o planes precisos dispuestos por uno. Pero si hay algo que se hizo que no responde a un plan o a una orden precisa, no soy responsable”.

El 18 de mayo de mañana era imposible saber de qué se estaba hablando. Si la carta aludía a las extradiciones motivadas en aquellos hechos ¿por qué están detenidos los militares Gavazzo, Silveira, Rama, Vázquez, Arab y el ex policía Medina?

A diferencia de lo que en su momento asumieron los generales Medina y Álvarez, los firmantes se sienten “responsables” sólo por los “actos de servicio”, pero nadie aclaró qué es un acto de servicio, en especial cuando “se perdieron los puntos de referencia”. ¿Las torturas, a veces asistidas técnicamente por médicos militares para que el interrogado no muriera prematuramente sin brindar información? ¿El parto de las prisioneras para traficar con los recién nacidos y después matar a la madre? ¿Los millones de dólares con que, según se ha denunciado, se intentó extorsionar a familiares de algunas víctimas y a personas a las que se podía acusar de vinculaciones con “la subversión”?

No se oye

El abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, asignó una “importancia relativa” a la carta y destacó la coincidencia en el tiempo con la detención de “los militares más comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos” para su extradición.

Paysée destacaba algo obvio: las cúpulas militares no son responsables ni dejan de serlo porque así se declaren. El abogado daba otra pista: Serpaj presentaría en estos días una denuncia (que venía preparando desde tiempo atrás) contra las cúpulas militares, por su responsabilidad en los hechos o actos desarrollados por sus subordinados.

Fuentes militares admitieron a rumbosur que una de las principales finalidades de la declaración fue desviar la investigación del juez Juan Carlos Fernández Lecchini en relación a esta “sección uruguaya” del Plan Cóndor, atendiendo al pedido de extradición solicitado por Montenegro. Los firmantes entendieron que, si los mandos superiores reconocían la “responsabilidad” de los hechos de la dictadura, la causa contra los detenidos podría desvanecerse.

También buscaron provocar un hecho político al estimar que la declaración cerraría filas en la interna militar, algo así como “todos encolumnados detrás de los jefes de ayer, hoy y siempre”.

Pero entonces, luego de tantos intentos de explicar el contenido y los motivos de la carta, Gregorio Álvarez descerrajó su ira ante cámaras y micrófonos. Ante la insistencia de los periodistas por una explicación sobre qué buscaban transmitir, Álvarez cortó: “Vamo a dejarla ahí”.

Tal vez era demasiado tarde, y debieron “dejarla ahí” antes de salir a los medios. La carta tendría un efecto boomerang ya que, aunque quiso demostrar que aquellas acciones tuvieron carácter institucional, el tema no caló entre los oficiales en actividad, que aspiran a desprenderse de los hechos ocurridos durante la dictadura. En lugar de cohesión, generó desconcierto en filas del Ejército: si además de la detención y extradición de los más notorios represores –a quienes el arma está dispuesta a entregar– se efectivizara la captura de los ex comandantes, la institución ingresaría en una situación interna que dificultaría la jefatura del comandante Carlos Díaz.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina reclamó a la Justicia de ese país que libre una orden internacional de captura con fines de extradición para los 10 ex comandantes. La solicitud del secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, al magistrado Guillermo Montenegro, fue formulada en el marco de la investigación abierta en este país por la desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman.

En Uruguay, sin embargo, el Poder Judicial no actuaría de oficio como reclamaron algunas voces. “No está nada previsto, porque los firmantes reconocen su ‘responsabilidad’ en términos genéricos, pero no su culpabilidad en los delitos”, explicó a rumbosur una fuente judicial.

Las derivaciones de la causa que sigue la Justicia argentina pondrían en un brete al presidente Tabaré Vázquez, quien se comprometió en 2005 a mantener y cumplir la Ley de Caducidad, “en especial de su artículo 4º, que ordena investigar las denuncias”, de la que en principio estaban excluidos por su propia naturaleza (aunque no figure expresamente en el texto legal) los asesinatos de María Claudia García, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Más cuando, los ánimos caldeados por la carta y recalentados por el exabrupto de Álvarez, distintos sectores reclaman anular o derogar la Ley de Caducidad.

La carta, en consecuencia, habría logrado el más exitoso fracaso.

Volver al índice

¿Creer o no según convenga?

Greenpeace, 35 años de polémica

Un fin superior al cual dedicar la vida, un negocio, una conspiración, un grupo de irresponsables que afirman disparates sobre temas que ignoran, “izquierda cholula”, “eco-fascistas”... La prédica de los autoproclamados “Guerreros del Arcoiris” genera entusiastas adhesiones, furibundos rechazos, despectivas descalificaciones.

Rumbosur, 18/5/2006.

“A principio de los 70, cuando ayudé a fundar Greenpeace, creía que la energía nuclear era sinónimo de holocausto nuclear, tal y como creían la mayoría de mis compatriotas”, recordó el mes pasado Patrick Moore, uno de los fundadores de la más notoria organización ambientalista.
“Esa fue la convicción que inspiró la primera travesía de Greenpeace hacia la espectacular costa rocosa del noroeste para protestar por las pruebas de las bombas estadounidenses de hidrógeno en las islas Aleutian de Alaska”.
“Treinta años después [agrega en una nota para The Washington Post], mis puntos de vista han cambiado, y el resto del movimiento ecologista necesita actualizar sus presuposiciones también, ya que la energía nuclear debería ser exactamente el recurso energético que puede salvar nuestro planeta de otro posible desastre: el catastrófico cambio climático”.
Moore abandonó Greenpeace hace veinte años, y sigue desarrollando su labor ambientalista como ecólogo e ingeniero forestal a través de otra organización, Greenspirit. Su oposición a los postulados de Greenpeace han llevado a que ésta le acuse de “eco-traidor” o “mercenario”, próximo a lo que ha dado en llamarse ecologismo escéptico (y optimista), en referencia al título del libro escrito por el danés Bjørn Lomborg, o a la de los pro-nucleares de origen verde, cuya figura más emblemática es el científico británico James Lovelock, autor de la teoría Gaia según la cual la tierra y la vida interactúan adaptándose mutuamente a los cambios. Lovelock opina que los efectos del calentamiento global son ya tan serios que es necesario reducir drásticamente la emisión de dióxido de carbono, que no hay tiempo para desarrollar energías alternativas como la solar y la eólica, y por ello aboga por la nuclear.
Lomborg a su vez es acusado por Greenpeace de presentarse como ex socio de la organización: “Él sabrá porqué tiene que inventarse un pasado que no tiene. Los datos que presenta no aportan nada que no hayan dicho otros destacados enemigos de la defensa ambiental, siendo la única novedad su falsa antigua militancia en Greenpeace”, dijo al diario español La Vanguardia el director de la organización en España. De paso, agregó que el libro El ecologista escéptico fue denunciado en su país natal, Dinamarca, como “falto de ética científica” por el Comité Público encargado de garantizar el rigor de las publicaciones.
Tanto Lomborg como Lovelocke están enfrentados con Greenpeace, y al mismo tiempo discrepan entre sí: el primero cree que las predicciones de calentamiento global son patrañas terroristas, y el segundo entiende que a plazo demasiado corto el derretimiento del hielo de Groenlandia elevará el nivel del mar en siete metros, sumergiendo por ejemplo partes de Florida, Nueva York, Londres, Tokyo, Calcuta o Venecia, y provocará la desaparición de la selva del Amazonas por un aumento de 4 grados centígrados de temperatura.

Aquellas explosiones

Greenpeace nació con otro nombre, “Comité No Hagan Olas”, ya que surgió como protesta contra las explosiones atómicas submarinas realizadas en 1969 por Estados Unidos en Amchitka, una isla situada en las proximidades de Alaska. Como ese nombre no generaba muchos adeptos, buscaron uno que englobara las dos preocupaciones del grupo, el pacifismo y el ecologismo, y así surgió el actual.
La actividad de 12 militantes a bordo de un viejo barco de madera, que en 1971 lograron postergar una prueba nuclear en Alaska, se transformó en una organización mundial con oficinas y millones de afiliados en 39 países. Patrick Moore, Robert Hunter, Bob Cummings, Ben Metcalfe (también desvinculado de la organización), Dave Birmingham, Richard Fineberg, Lyle Thurston, Jim Bohlen, Terry Simmons, Bill Danell y John Cormack fueron los pioneros de las acciones a menudo teatrales y arriesgadas, irresistibles para los medios de comunicación, que son el sello de Greenpeace.
Pero fue otra acción antinuclear la que llevó a Greenpeace a los titulares de todo el mundo. En 1985, el Rainbow Warrior, anclado en el muelle de Auckland, Nueva Zelanda, durante una campaña para detener los ensayos en el Atolón de Muroroa, fue objeto de un atentado terrorista por agentes secretos franceses que dinamitaron el barco. El fotógrafo portugués Fernando Pereira, que dormía a bordo, murió en la explosión.
“El incidente, hábilmente explotado por Greenpeace y ampliamente publicitado en todo el mundo, confirió inmediato status de mártires a la organización. Como resultado de la rápida explotación publicitaria del incidente, los ingresos de Greenpeace se triplicaron hasta alcanzar la suma de 25 millones de dólares, entre 1985 y 1987”, dice una publicación argentina furiosamente contraria a la organización. La Federación Argentina de Ecología Científica (cuyos antecedentes académicos han sido puestos en duda) no es el único grupo que cuestiona a la organización, y lo hace además con un anacrónico aire de Guerra Fría.

Amores y odios

Así como Patrick Moore declaró que Greenpeace está “dominado por izquierdistas y extremistas que desatienden la ciencia”, desde otros lugares se la ha acusado de “vender terrorismo ecológico”.
El periodista brasileño Vilmar Berna, que en 1999 ganó el premio Global 500 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, afirmó que el afán de impresionar a los medios de comunicación hace que en ocasiones Greenpeace relegue el trabajo científico. “La divulgación a veces no espera una maduración, la comprobación científica con profundidad”, y entonces, las empresas pueden “cuestionar las denuncias, tergiversar y contraatacar a los ambientalistas”, dijo.
Desde el otro lado, la organización fue denunciada un par de años atrás por la Fiscalía General de Estados Unidos, a raíz de una protesta llevada a cabo en abril de 2002, cuando sus activistas abordaron un barco que transportaba madera de caoba ilegalmente talada en la Amazonía brasileña. Subieron al buque mercante que se dirigía a Miami y desplegaron una pancarta con la leyenda “Presidente Bush, detenga la tala ilegal”. En aquel momento fueron condenados a pagar una multa y pasaron un fin de semana en prisión, pero en julio de 2003 el Departamento de Justicia, dirigido por John Ashcroft, decidió procesar a toda la organización en su conjunto, “en lugar de investigar y denunciar a los importadores estadounidenses de madera ilegal”, según señaló la organización.
Pero, para reabrir el caso y para regocijo de Greenpeace, la Fiscalía debió recurrir a una ley de 1872 contra el llamado “sailormongering”, una práctica por la cual las prostitutas de los puertos subían a los barcos o incitaban a los marineros desde tierra a acudir a las tabernas. Esa ley, invocada sólo dos veces en 130 años (la última de ellas hace cien años), sería utilizada “para declarar a Greenpeace organización criminal, mientras los madereros, transportistas y comerciantes de caoba siguen impunes”, y mientras “la madera ilegalmente talada sigue llegando a EE UU y Europa, y los criminales siguen trabajando en el corazón de la Amazonía”.
En Uruguay –aunque sin aludir específicamente a Greenpeace—, varios líderes del Movimiento de Participación Popular, como el senador Eleuterio Fernández Huidobro y el dirigente tupamaro José Marenales, también atacaron a los ecologistas para defender los emprendimientos forestales. “Será muy difícil pensar que algún día dejen de plantarse bosques en Uruguay, por más que así lo pretenda la izquierda cholula, amante de los pajaritos y de las ballenas blancas, hija de la bobeta, apartada de la realidad pero debidamente muy bien financiada por las ONG de cada uno de los bloques y la cholulez planetaria”, dijo Fernández Huidobro en diciembre en el Senado.
Y Marenales agregó en una entrevista con el semanario Question Latinoamérica: “Yo le digo a quienes están trabajando este tema, principalmente a los ecologistas: ustedes van al baño y usan papel, a no ser que se limpien con pasto. O sea que si siguen necesitando papel para el baño, en algún lugar hay que fabricarlo”.
De otra naturaleza son los cuestionamientos a sus propuestas alternativas. Por ejemplo, en materia de energías renovables, se observa que el reclamo de obtener 164 GW eólicos en España significaría instalar más de 70.000 generadores de 2,3 MW cada uno. “Eso son, sólo en hormigón y considerando que apenas se gasten 4.000 toneladas de hormigón por generador en plataforma marina –porque el fondo sólo está a 10 metros de profundidad— unos 280 millones de toneladas de hormigón, seis veces el consumo anual de cemento en España, casi dos veces la producción de fibra de vidrio mundial y más de un 50% del consumo anual español de acero”.
Obviamente, ninguno de los críticos dejó de festejar el 1º de abril del año pasado, cuando Greenpeace fue multada por dañar el arrecife que pretendía defender. Su barco insignia, el Rainbow Warrior II, encalló en el arrecife en el Parque Nacional Marino de Tubbataha, situado en el mar de Joló, a 680 kilómetros al sur de Manila, y dañó aproximadamente 100 metros cuadrados del arrecife. “Este accidente se pudo haber evitado si la carta marina fuera precisa”, dijo Red Constantino, representante de Greenpeace en el sudeste de Asia.

Las finanzas

Un aviso publicado el 8 de abril pasado en Infojobs.net ofrece un cargo como “Responsable de captación online de fondos” y describe: “Departamento: Marketing”. “Sede central: Madrid. Descripción / Filosofía de la Empresa: Somos una organización ecologista internacional, económica y políticamente independiente, que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Nuestro objetivo es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del Planeta donde se cometen atentados contra la Naturaleza. Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, acabar con el uso de la energía nuclear y de las armas y fomentar la paz. En la actualidad Greenpeace cuenta con cerca de tres millones de asociados en todo el mundo. Con ellos la organización intenta hacer frente a la creciente degradación medio ambiental del Planeta”.
Explica luego que “La persona contratada se responsabilizará de planificar, dirigir y supervisar las acciones de captación y generación de ingresos que utilizan canales online. Asimismo asumirá la responsabilidad dentro del Grupo de Fidelización del socio/a, de las acciones que utilicen los canales online. Se encargará también de proponer, controlar y dirigir acciones de Marketing vinculadas con el desarrollo de la notoriedad e imagen institucional de Greenpeace, y de desarrollar el canal móvil como una nueva vía de captación de socios y generación de ingresos para la organización”.
Al describir sus funciones, especifica entre otras: “Dirigir y supervisar el trabajo de colaboradores/as externos/as que intervienen en la ejecución de las acciones (agencias de marketing online y digital, programadores web, servicios de emailing, operadores móviles...) [...] Controlar todas las actividades relacionadas con el desarrollo y promoción de la imagen de GP mediante: publicidad convencional, product placement, patrocinios, colaboraciones especiales”.
El grupo ambientalista afirma que financia sus actividades con la contribución de donantes (que en los últimos 20 años han caído de cinco a tres millones). Entre ellos, afirma, no admite a gobiernos, empresas privadas ni iglesias. También esa afirmación ha sido cuestionada.

¿Las empresas?

Por ejemplo, el diario El Tribuno de Salta informaba en agosto de 2004 que el Proyecto Yaguareté fue un fraude académico que logró engañar a 720 personas y obtuvo un subsidio de 100 mil dólares de la petrolera Pan American Energy para la defensa de ese animal, en una campaña contra la construcción del Gasoducto Norandino, en 1999.
Según vino a ventilarse en el juicio laboral presentada por un baqueano contratado por Greenpeace, el dinero reunido por la organización entre contribuyentes –a través de tarjetas de crédito, donaciones telefónicas o de otro tipo— se destinó comprar una camioneta, un teléfono satelital, cuatro jaulas-trampa y cuatro collares con sistema de detección satelital para colocarlos a otros tantos felinos. Se contrató además a la empresa francesa Argos para que hiciera el seguimiento satelital de los collares que se colocarían en los felinos. En diciembre de 2001, Greenpeace anunció que, luego de casi dos años de fracasos, había atrapado a una hembra de yaguareté de 90 kilos en las cercanías de la localidad de Orán, e invitaron a bautizar al felino a las 720 personas que habían colaborado con el proyecto.
Desde entonces –aseguraron— un biólogo pasó a monitorear periódicamente su desplazamiento y meses más tarde la petrolera comenzó a financiar la investigación. En 2002, un equipo canadiense de Discovery Channel que se trasladó a la selva de Orán difundió un documental en el que aparecían el responsable de Greenpeace en la zona y el biólogo, explicando el Proyecto Yaguareté y mostrando un ejemplar... que en realidad había sido filmado en Mendoza.
Pero en 2004 el baqueano denunció que el biólogo y el representante de Greenpeace le habían ofrecido mil pesos mensuales para que paseara el collar satelital a caballo, ya que nunca habían podido capturar a un tigre, y nunca le pagaron los 8.000 pesos acumulados en esas cabalgatas. Informó también que antes, durante unos siete meses, el collar había sido colocado en un ternero criollo de propiedad de un vecino. De ese modo, el satélite había recibido durante un año y medio las señales atribuidas a un yaguareté y emitidas en realidad por el ternero primero y al caballo después.
El gasoducto se construyó, pero muchos simpatizantes de la organización se habían sumado a la campaña usando máscaras de yaguaretés en distintas movilizaciones en Buenos Aires.
Entre otros científicos que cargaron contra Greenpeace en ese episodio, el profesor de Manejo de Fauna y de Impacto ambiental, José Luis Garrido, dijo al diario de Salta: “Si el respaldo económico viene de una organización comercial que se dedica a explotar los conflictos, ya no se puede creer en la independencia de la investigación. Greenpeace hace terrorismo para asustar a la gente, y ésa es su única metodología. Este tipo de farsas la hace este tipo de gente. Yo le creo al puestero y no a Greenpeace y a sus aliados. Y me alegro que se destape la olla”.
De todos modos, varios de sus críticos reconocen que las denuncias de la organización pusieron sobre el tapete en las últimas tres décadas múltiples problemas ambientales y dieron origen a reformas legislativas, medidas gubernamentales y tratados internacionales.
También es cierto que, sin perjuicio de ello, las denuncias de Greenpeace en el conflicto por las plantas de celulosa y los ejemplos que ha manejado sobre los supuestos daños que ocasionaría han sido descalificadas por científicos de todo el mundo, en primer lugar de Argentina.

Volver al índice

¿Y ahora qué hacemos con el Parque Hotel?

TLC, Tifa, Mercosur...

Luego de una larga agonía del Mercosur, el presidente Tabaré Vázquez anunciará este jueves en Washington las bases del “nuevo relacionamiento” con EEUU, que buscaría un aumento sustancial del comercio bilateral y de las inversiones. “Uruguay no se va de ningún lado y no se limita a hacer los mejores acuerdos comerciales que pueda lograr con cualquiera de las naciones del mundo”, aclaró un portavoz presidencial. Pero ¿y si los socios no lo aceptan?

Rumbosur, 4/5/2006.
Fotografías del Archivo Nacional de la Imagen y de Andrés Cribari.

Vázquez habría ordenado revisar la normativa del Mercosur para que Uruguay pase de miembro pleno a miembro asociado de ese bloque. Según el enviado a Washington de Canal 10, el presidente le comentó que “el Mercosur quedó chico” para Uruguay, y que lo más conveniente sería convertirse en un Estado asociado al bloque como Chile, “socialista moderno y abierto al mundo”, en vez de permanecer atado a un bloque que ha traído “más problemas que soluciones”. Vázquez mencionó al respecto el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, la actitud prescindente de Brasil cuando uno de los socios bloquea el libre tránsito de personas y mercaderías, y las decisiones inconsultas de argentinos y brasileños en materia económica.

Vázquez hizo referencia al artículo 21 del Tratado de Asunción (constitutivo del Mercosur), que establece: “El Estado Parte que desee desvincularse del presente Tratado deberá comunicar esa intención a los demás Estados Partes de manera expresa y formal, efectuando dentro de los sesenta (60) días la entrega del documento de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, que lo distribuirá a los demás Estados Partes”. Según lo que establece el artículo 20 del mismo tratado, Uruguay solicitaría la adhesión al bloque en calidad de asociado, que es el estatus que tienen actualmente Chile y Bolivia.

Pero los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, negaron que Uruguay vaya a cambiar su relación con el bloque. “No está en agenda”, aseguraron. El proceso no engloba sólo a Estados Unidos y México sino también al resto del mundo, precisaron fuentes del gobierno.

Un cambio en la relación con el Mercosur no se ha manejado dentro del Frente Amplio, aunque sus dirigentes reconocen que el Mercosur está viviendo un debilitamiento progresivo de las relaciones entre sus miembros, al que se suma la alianza que reafirmaron Argentina y Brasil, a las que se sumó el presidente venezolano, Hugo Chávez, cuando calificó de “bigamia” integrar el Mercosur y además suscribir acuerdos bilaterales con Estados Unidos.

En 1991, los uruguayos festejábamos que nos integraríamos a una región de 200 millones de habitantes, colegios y academias brindaban clases de portugués. El entusiasmo llegaba al tope cuando, unos años después, la potencialidad del Mercosur permitía incluso recuperar de su abandono al decadente Parque Hotel. Si ya no somos “la Bruselas del sur”, ¿qué hacemos con él?

Aquellos sueños

Hace 100 años, el 17 de mayo de 1906, la firma Luis Crodara y Cía. solicitó autorización a la Municipalidad de Montevideo para construir un edificio para sede del "Hotel - Teatro - Casino del Parque Urbano", en un área vecina a la playa del antiguo saladero de Ramírez. Los planos originales eran del arquitecto francés Pierre Lorenzi.

Es que, con la inauguración de la línea de Tranvía del Este que llegaba hasta el Balneario Playa Ramírez, 1871, había comenzado a desarrollarse uno de los balnearios más populares de Montevideo a fines del siglo XIX. En la Playa Ramírez se asentó el Establecimiento de Baños Públicos, que posteriormente incorporó servicios afines. En 1896 comenzó el proceso expropiatorio para conformar el Parque Urbano (hoy Parque Rodó), cuyos trabajos preparatorios comenzaron entre 1900 y 1902. Carlos Thays se hizo cargo de las obras, y fueron agregándose el lago artificial, el castillo e instalaciones recreativas.

La construcción del Parque Hotel estuvo a cargo de la empresa Crodara, con el arquitecto Guillermo West, y la inauguración tuvo lugar el 30 de diciembre de 1909, luego de una postergación que parece inherente al país. Porque la ceremonia estaba prevista para la Nochebuena de 1909, pero el retraso en la llegada del buque que transportaba las cocinas desde Alemania obligó a postergarla para el 30 de diciembre. La noche de la inauguración, las arañas francesas lucían en los enormes salones, los comedores, el magnífico hall, el salón de té, el de baile, y el Casino, mientras dos grandes orquestas contratadas en Buenos Aires amenizaban la reunión y luego el baile. Pero esa noche los llamativos artefactos eléctricos de las habitaciones no estaban funcionando, los ascensores sólo estarían en uso 10 días más tarde, y las calderas de calefacción no estarían prontas hasta abril.

Las peluquerías en la planta baja estaban totalmente montadas en dos sectores para damas y caballeros. En el subsuelo estaban los alojamientos para las niñeras y el personal de servicio que acompañaban a su patrones en el veraneo. También se contaba con dos canchas de tenis.

Hasta el Parque Urbano ya llegaban los novedosos tranvías eléctricos inaugurados tres años antes, y a las puertas del lujoso establecimiento brindaban sus servicios los primeros taxis.

De aquellas luces...

Desde sus primeros tiempos, el Parque Hotel fue centro importante de la vida social montevideana, con fiestas memorables en sus salones. En 1918 cantaron Gardel y Razzano, en 1938 se presentó la orquesta de Julio de Caro, y en los recordados carnavales actuaron allí famosas orquestas internacionales y rioplatenses, entre ellas Los Lecuona Cuban Boys.

El primero de diciembre de 1915, el municipio capitalino –siendo intendente Santiago Rivas– adquirió el edificio a la Sociedad Anónima Casino Parque Hotel en un millón cien mil pesos.

Entre sus más famosos residentes estuvo el aclamado poeta mexicano Amado Nervo, autor de 20 libros y llamado a dictar conferencias en todo el continente, quien llegó a hacerse cargo de la embajada de su país y falleció pocos días después, el 24 de mayo de 1919, en la habitación número 42. Quien le acompañó allí sus últimas horas fue el poeta Juan Zorrilla de San Martín. Su hijo, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, realizó una mascarilla mortuoria de Nervo. Los honores tributados a Nervo, en su muerte y exequias, son siempre recordadas por los mexicanos: ante el féretro, guardias diplomáticas, oficiales, estudiantiles, organizaciones populares, luego honores militares, discursos y ofrendas florales; su cadáver fue llevado a México 100 días después en un crucero uruguayo, y Uruguay obsequió el sarcófago que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la capital. Eran otros tiempos.

Hubo también ilustres visitantes que declinaron la invitación oficial a alojarse en sus instalaciones, como Albert Einstein cuando viajó a Uruguay en 1925. Precisamente, Einstein se entrevistó entonces con el filósofo Carlos Vaz Ferreira. Y, a la vuelta de los años, Vaz Ferreira fue homenajeado con un banquete el 13 de octubre del 52 en el Parque Hotel, al cumplir 80 años de vida.

...al derrumbe

La crisis económica, el surgimiento de otras atracciones turísticas, el cambio en las costumbres, fueron sumiendo al Parque Hotel en un declive prolongado. También la crisis política hizo su aparición en el edificio: el 15 de noviembre de 1971, varios integrantes del MLN vistiendo uniformes policiales penetraron por una puerta lateral en el casino del Parque Hotel, y se llevaron casi 50.000 dólares.

El declive continuaba, y al edificio vino a parar el Departamento de Actividades Productivas y Comerciales de la Intendencia. Allí estaban las oficinas de la banda, el Planetario, el zoológico, los casinos. Quizá por su mismo deterioro, el edificio fue declarado Monumento Histórico el 16 de diciembre de 1975.

Ya hacía mucho tiempo que no era un atractivo turístico cuando a mediados de 1983 tuvieron lugar en el Parque Hotel las primeras negociaciones de los partidos políticos con los militares, tentando una salida negociada a la dictadura.

La declinación del edificio continuó, y durante varios años estuvo ocupado por una extraña mezcla de oficinas, habitaciones privadas de uso indescifrable a precio desconocido... “Yo iba a una oficina que funcionaba allí, y de pronto se sentía olor a shampoo, oía cómo un huésped se bañaba y pasaba cantando por el pasillo, con la ropa colgando del cuello”, recuerda alguien que debía concurrir por razones de trabajo en los 90.

¿Y ahora?

La creación del Mercosur y la designación de Montevideo como capital del acuerdo regional permitieron dar al Parque Hotel un destino acorde a su jerarquía, aunque para ello debió esperarse varios años para recuperar y luego restaurar las instalaciones, hasta su inauguración en diciembre de 1997.

La Intendencia Municipal de Montevideo cedió el edificio por 20 años, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se hizo cargo de su restauración y remodelación.

Si el Mercosur “ya fue”, ¿qué hacemos con el Parque Hotel?

***

Las palabras

El edificio integra el imaginario uruguayo por derecho propio. Incluso Juan Carlos Onetti lo incluye en su cuento “El infierno tan temido”:

“Ya se habían olvidado en Montevideo de la medianoche. Las luces del lado de Ramírez comenzaban a ralear y ya estarían las parejas del baile en el Parque Hotel yendo y viniendo de la arena, cuando empezó de veras el año nuevo. Algún tamboril de negro volvió a sonar, profundo, solitario, no vencido, en las proximidades del cuartel, e hizo confusas las palabras”.

Detalles

La construcción se basa en un sistema mixto de muros portantes y pilares de hierro y vigas del mismo material, desde el nivel del subsuelo hasta el nivel de la planta baja. Las fundaciones son muros continuos de piedra ahogada de arena y cal, con espesores promedio de ochenta a cien centímetros, con la presencia permanentes de aguas de napas freáticas, que obliga a la existencia de pozos con bombas sumergidas, para su desagüe.

A partir de los techos de la planta baja el sistema es de muros portantes.

Los planos horizontales de cerramiento (entrepisos y techos) están construidos con un sistema de viguetas de hierro y bovedillas de dos ladrillos en V. Estas viguetas descansan en general en un muro maestro y en vigas de perfilería de hierro de dimensiones variables.

Los cielorrasos eran originalmente de metal desplegado y morteros de cal y yeso, pero la mayoría fueron sustituidos por cielorrasos de baldosas acústicas. Los salones de Planta Baja están dotados de un sobretecho de fibrocemento, a través de chapas acanaladas, y los salones que componen el casino propiamente dicho tienen una cubierta superior de aluminio a cuatro aguas.

La “sala de nácar” –la última ampliación que se realizó, aproximadamente en 1960– tiene techos de hormigón armado. Los salones comedor y de fiestas poseen cada uno una capacidad superior a 500 personas sentadas. 

Volver al índice