“Vamo a dejarla ahí”

Nadie entendía nada, hasta que habló el Goyo

“¡¿Qué pedir perdón ni pedir perdón?! ¡Antes caer de espaldas que de rodillas!”. La boca torcida en un rictus desafiante, el teniente general Gregorio Álvarez bramó la respuesta a la cara de los periodistas que le preguntaban qué habían querido decir los 10 ex comandantes con su carta difundida en el Día del Ejército. Tal vez su estallido puso un antes y un después definitivo en “la cuestión militar”.

Rumbosur, 25/4/2006.

Hace dos semanas, la Justicia envió a prisión a cuatro personas por el asesinato de un empresario inmobiliario. Según trascendió, un inversor español contrató a un policía para que (“por medios no legales”, dicho eufemísticamente) recuperara el dinero que le habría birlado el empresario. El policía mató al empresario, trataron de ocultar el asesinato, fueron descubiertos y marcharon a prisión el inversor, su mujer, el policía, y el escribano que supo y calló. Presumiblemente, la defensa alegará que quien disparó el arma fue el policía. Pero quien ordena apremiar ilegalmente a una persona es responsable de lo que ocurra de ahí en adelante, y por eso los involucrados están procesados por homicidio.

El general Gregorio Álvarez razonaba así cuando, siendo comandante en jefe, emitió en julio de 1978 la célebre orden interna 7777 anunciando: “Este Comando no permitirá fijar forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los Derechos Humanos se le adjudica, el suscripto se responsabiliza de haber dado la primera orden en ese sentido por su condición de jefe de Estado Mayor Conjunto en la época de referencia”.

“Yo lo maté”, asumió –con el mismo sentido común— el teniente general Hugo Medina en una lejana entrevista con César Di Candia, cuando éste le preguntó quién había matado al doctor Vladimir Roslik. Medina era el comandante de la región militar de la cual dependía el cuartel donde el médico fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984. No adujo que él no había dado orden expresa de matarlo, ni importaba quién se había “excedido” al sumergir a Roslik en el tacho: fue personal a su mando en una dependencia a su mando. Medina tampoco argumentó que el operativo que terminó en la muerte de Roslik fue una maniobra para debilitarlo a él como “aperturista”, precisamente en oposición a los “duros” liderados por Gregorio Álvarez. En lugar de argumentar, explicar, justificar, dijo escuetamente: “Yo maté a Roslik”.

También a la salida de la dictadura, los comandantes de las Fuerzas Armadas emitieron en 1986 una recordada declaración, en la que reivindicaban el golpe del Estado (“cuando se producen desencuentros entre los sectores que componen una sociedad, de magnitud tal que no se logre conciliar un punto de entendimiento y la crisis trae como consecuencia el quebrantamiento de la legalidad vigente”). Los comandantes explicaban elípticamente que habían perdido “los puntos de referencia” y reconocían que “los hechos derivados de tal situación, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, son de su responsabilidad, por acción u omisión”.

Coincidentemente, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la izquierda y sectores minoritarios del Partido Nacional y del Partido Colorado reclamaban juzgar a los autores materiales de los delitos, pero también y en primer término a quienes tuvieron la responsabilidad no sólo de la “guerra contra la subversión” (que en realidad había terminado un año antes del golpe de Estado), sino de las violaciones ocurridas durante toda la dictadura.

Pero, pese a tanta unanimidad en la responsabilidad máxima del mando superior, en aquel mismo 1986 el Parlamento se vio forzado a aprobar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y luego la ciudadanía la ratificó en medio de un clima que amenazaba con otro golpe militar.

Sobre mojado

Por eso, cuando trascendió en vísperas del Día del Ejército que 10 ex comandantes difundirían una carta abierta, en la que asumían la “responsabilidad” por las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, medio país salió a interpretar qué se proponían.

Ya el jueves 18, los programas periodísticos de radio y televisión comenzaron leyendo la carta y buscando aclaraciones, repercusiones, o por lo menos signos exteriores que permitieran una interpretación.

Para empezar, se comprobaba que eran casi todos los ex comandantes aún vivos: Gregorio Álvarez (1978-79), Guillermo de Nava (1990-1992), Juan Curutchet (1995-96), Fernán Amado (1998-99), Carlos Daners (2001-2004), Carlos Berois (1987-90), Juan Rebollo (1992-93), Raúl Mermot (1996-98), Juan Geymonat (1999-2001) y Santiago Pomoli (2004-2005).

Segunda comprobación, el único que ocupó el cargo durante la dictadura fue Álvarez.

Tercera comprobación, no la firmaban Daniel García (1993-1995) ni Ángel Bertolotti (2005-2006), el inmediato predecesor del teniente general Carlos Díaz. Con las horas se sabría que Bertolotti no fue informado de la carta ni invitado a firmarla. Se tomaba nota de que, durante el actual gobierno, Bertolotti encabezó las investigaciones sobre desaparecidos y elaboró el informe que reconoció por primera vez de manera oficial la desaparición de personas.

Fuentes próximas a Daniel García aclaraban que él tampoco fue informado previamente, y que “hace tiempo que no concurre a reuniones de militares”. En abril del año pasado, en el programa Código País de Teledoce, García negó que el Ejército torturara a sus detenidos: los prisioneros declaraban espontáneamente y después pedían a sus interrogadores que los golpearan para justificar, con las marcas, porqué habían colaborado, afirmó. Pero se tomó nota de que García se había manifestado partidario de un pedido de perdón por parte de los militares. Después de las primeras interpretaciones a partir de quiénes firmaban, quiénes no y por qué, se pasaba a la segunda parte: qué decían y qué efecto buscaban con la carta.

Ma non troppo

Los ex comandantes precisaban el motivo de su salida pública: “varios camaradas en actividad y retiro han debido concurrir a Juzgados por citaciones en distinta calidad, relacionadas con hechos del pasado”, “casos recientes y en algunos otros en trámite, (...) abriendo el paso a la Justicia de otros países para que actúen sobre camaradas nuestros, ciudadanos de esta Nación, por los hechos ya mencionados”. Es decir, la extradición de implicados en el secuestro y asesinato del agente chileno Eugenio Berríos, y los detenidos para extradición por el secuestro y asesinato de María Claudia García de Gelman.

Las premisas de la carta no pasaban de generalidades (“el Jefe es responsable de lo que hacen sus subordinados”, “apoyo incondicional al Ejército y su Mando”, “compromiso con el Ejército y con la Nación que les es propio por su condición militar y por el cargo que ejercieron”) o ambigüedades (“adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos”).

La sustancia parecía estar en el remate: “Declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias, por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del Ejército, como un compromiso solidario e intransferible”.

Varios dirigentes políticos consultados destacaban el tono “mesurado” de la carta. Familiares de detenidos desaparecidos apuntaban que, si los comandantes se estaban declarando culpables por los delitos que cometieron sus subalternos, lo recibían con beneplácito. Una redacción ambigua como “adhesión que les inspira el dolor de todos los compatriotas que han perdido a seres queridos” podía querer decir muchas cosas.

Según los primeros trascendidos de fuente militar, los firmantes aspiraban a “que la situación sea escuchada, atendida, y que –si creen que es una instancia que amerita conversar con nosotros, o mandarnos citar– bueno, todo eso está abierto”, dijo uno de ellos a En Perspectiva fuera de micrófono. Nada nuevo, entonces, salvo que quisieran dar una señal clara de que no resistirían una citación, como algunos anunciaron en su momento y se volvió a decir recientemente.

*** 

¿Qué querían decir, entonces, a quiénes y para qué? Porque el general Mermot distinguió rápidamente entre los “actos de servicio” y sus consecuencias de torturas, muertes y desapariciones. “¿Usted puede pensar que alguien pueda dar esa orden sensatamente, que alguien que ahora se hace responsable pueda haber dado esa orden?”, preguntó en relación a la muerte de María Claudia García de Gelman. “¿Cómo va a ser un acto de servicio? No, no. De ninguna manera”, enfatizó. Y remarcó: “Uno es responsable de todo lo que hagan o dejen de hacer los subordinados en tanto lo hagan cumpliendo órdenes, directivas o planes precisos dispuestos por uno. Pero si hay algo que se hizo que no responde a un plan o a una orden precisa, no soy responsable”.

El 18 de mayo de mañana era imposible saber de qué se estaba hablando. Si la carta aludía a las extradiciones motivadas en aquellos hechos ¿por qué están detenidos los militares Gavazzo, Silveira, Rama, Vázquez, Arab y el ex policía Medina?

A diferencia de lo que en su momento asumieron los generales Medina y Álvarez, los firmantes se sienten “responsables” sólo por los “actos de servicio”, pero nadie aclaró qué es un acto de servicio, en especial cuando “se perdieron los puntos de referencia”. ¿Las torturas, a veces asistidas técnicamente por médicos militares para que el interrogado no muriera prematuramente sin brindar información? ¿El parto de las prisioneras para traficar con los recién nacidos y después matar a la madre? ¿Los millones de dólares con que, según se ha denunciado, se intentó extorsionar a familiares de algunas víctimas y a personas a las que se podía acusar de vinculaciones con “la subversión”?

No se oye

El abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, asignó una “importancia relativa” a la carta y destacó la coincidencia en el tiempo con la detención de “los militares más comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos” para su extradición.

Paysée destacaba algo obvio: las cúpulas militares no son responsables ni dejan de serlo porque así se declaren. El abogado daba otra pista: Serpaj presentaría en estos días una denuncia (que venía preparando desde tiempo atrás) contra las cúpulas militares, por su responsabilidad en los hechos o actos desarrollados por sus subordinados.

Fuentes militares admitieron a rumbosur que una de las principales finalidades de la declaración fue desviar la investigación del juez Juan Carlos Fernández Lecchini en relación a esta “sección uruguaya” del Plan Cóndor, atendiendo al pedido de extradición solicitado por Montenegro. Los firmantes entendieron que, si los mandos superiores reconocían la “responsabilidad” de los hechos de la dictadura, la causa contra los detenidos podría desvanecerse.

También buscaron provocar un hecho político al estimar que la declaración cerraría filas en la interna militar, algo así como “todos encolumnados detrás de los jefes de ayer, hoy y siempre”.

Pero entonces, luego de tantos intentos de explicar el contenido y los motivos de la carta, Gregorio Álvarez descerrajó su ira ante cámaras y micrófonos. Ante la insistencia de los periodistas por una explicación sobre qué buscaban transmitir, Álvarez cortó: “Vamo a dejarla ahí”.

Tal vez era demasiado tarde, y debieron “dejarla ahí” antes de salir a los medios. La carta tendría un efecto boomerang ya que, aunque quiso demostrar que aquellas acciones tuvieron carácter institucional, el tema no caló entre los oficiales en actividad, que aspiran a desprenderse de los hechos ocurridos durante la dictadura. En lugar de cohesión, generó desconcierto en filas del Ejército: si además de la detención y extradición de los más notorios represores –a quienes el arma está dispuesta a entregar– se efectivizara la captura de los ex comandantes, la institución ingresaría en una situación interna que dificultaría la jefatura del comandante Carlos Díaz.

La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina reclamó a la Justicia de ese país que libre una orden internacional de captura con fines de extradición para los 10 ex comandantes. La solicitud del secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, al magistrado Guillermo Montenegro, fue formulada en el marco de la investigación abierta en este país por la desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman.

En Uruguay, sin embargo, el Poder Judicial no actuaría de oficio como reclamaron algunas voces. “No está nada previsto, porque los firmantes reconocen su ‘responsabilidad’ en términos genéricos, pero no su culpabilidad en los delitos”, explicó a rumbosur una fuente judicial.

Las derivaciones de la causa que sigue la Justicia argentina pondrían en un brete al presidente Tabaré Vázquez, quien se comprometió en 2005 a mantener y cumplir la Ley de Caducidad, “en especial de su artículo 4º, que ordena investigar las denuncias”, de la que en principio estaban excluidos por su propia naturaleza (aunque no figure expresamente en el texto legal) los asesinatos de María Claudia García, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Más cuando, los ánimos caldeados por la carta y recalentados por el exabrupto de Álvarez, distintos sectores reclaman anular o derogar la Ley de Caducidad.

La carta, en consecuencia, habría logrado el más exitoso fracaso.

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