ecoUruguay, 7/10/2007
“Somos dependientes del Gobierno, reconozcámoslo”, dice un piquetero. Y es cierto: han contado con todo el apoyo institucional y financiero del gobierno de Entre Ríos y, por lo menos, el apoyo político del gobierno nacional argentino (e, indirectamente, el apoyo político financiero de las presuntas organizaciones sociales vinculadas, caso de al menos una parte del sindicalismo.
Pero acaban de piquetear a ese mismo gobierno provincial justicialista que lo sustenta, escrachando el domicilio del vicegobernador y quemando su efigie, lo que provoca alarma (por lo menos declamada) en algunos de los medios que hasta ahora han fomentado el piquete.
El intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, actor en primera fila para la foto en los desmanes, resuelve restringir el uso de celulares cedidos a los asambleístas, que paga toda la población con sus impuestos, pese a que la abrumadora mayoría está en contra de sus métodos, según una encuesta encargada por el gobernador Jorge Busti y que revelara recientemente Joaquín Morales Solá.
“Ellos son los que tienen que acatar lo que dice el pueblo”, proclama el dirigente Alfredo De Ángelis, el que anunciaba que vendría al frente de un ejército de piqueteros armados de martillos para, “pacíficamente”, demoler una fábrica en territorio extranjero. Y Francisco Jaime, el que anunciaba que se estrellaría en un avión contra la chimenea, también reclama a la primera dama y candidata Cristina Kirchner porque no ha contestado a un pedido de audiencia de la Asamblea.
Es que el gobierno argentino retrocedió en la nueva escalada de declaraciones belicistas en que se había comprometido para satisfacer a los más extremistas de la Asamblea, esos mismos que terminaron pirueteando a sus compañeros justicialistas de Entre Ríos. Y ahora el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (que ha sabido fogonear el extremismo, incluso disponiendo la enormidad de dejar de dragar el río) aboga por recomponer las relaciones luego de haber pedido la “facilitación del diálogo” al rey Juan Carlos de España.
Piqueteando a la verdad
Pero hay que seguir acusando, sembrando dudas, en una fuga hacia delante que es la única estrategia posible a esta altura. Y el abogado Fabián Moreno Navarro, uno de los promotores intelectuales de este desquicio, acusa al gobierno nacional de intentar “socializar el fracaso” de un eventual juicio adverso en La Haya (camino que emprendió a pedido de la Asamblea). Aduce que si el juicio fracasa no será por falta de razón sino porque no se inició tres años antes. Para fundamentarlo, recurre una vez más a una falsedad. “Del 14 de octubre de 2003 –según lo verifica un reporte periodístico [de El Día de Gualeguaychú]– data el reclamo de Gualeguaychú de acudir urgente al tribunal internacional”, y en esa fecha la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay ya había protestado por la instalación de Ence, afirma el abogado.
Desprecio por la verdad del abogado y de los medios que lo entrevistan y difunden, porque ya en 1996 la delegación argentina reconocía que “la Caru no tiene competencia para opinar sobre un emprendimiento en territorio de una de las Partes”. Y agregaba lo obvio: “Los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay [se refieren a] la realización de otras obras en el río como canales, represas, etc., que tengan una relación directa y que se hagan en el río fundamentalmente”. De lo contrario, decía por escrito la delegación argentina, “el régimen de consulta previa significaría que ese país prácticamente debe pedir permiso al otro para hacer un emprendimiento industrial”. Consta en las actas de la Caru del 15 de marzo de 1996 y del 23 de agosto de 1996. El documento está reseñado en ecoUruguay.
Pero, ya está demostrado, el piquete y sus bien rentados militantes ignoran siempre lo que ya está probado, documentado, archisabido, jugados a la “mala memoria” selectiva de comunicadores y lectores convencidos de antemano.
Porque, además de ser falsa la información en que basa sus argumentos, está suponiendo que el Supremo Tribunal de Justicia no fallaría en función de la juridicidad del reclamo sino de la conveniencia de una empresa.
Piqueteando en Internet
Y en paralelo se produce el lanzamiento de un sitio web falso para desprestigiar a la empresa Botnia. Recurso propagandístico sin duda muy efectivo… pero no sólo ilegal sino preocupante por, precisamente, su ilegalidad. Que no es la primera en Argentina en materia de registro de dominios.
El sitio http://www.botnia.com.ar/, que imita la gráfica de la empresa, fue registrado el 22 de enero de este año por el asambleísta Gustavo Rivollier, un connotado militante de la Asamblea de Gualeguaychú, y en él se insiste en que la planta traerá enfermedades y perjuicios ambientales a la zona. Rivollier, experto en el tema, reconoció su autoría al portal uruguayo Montevideo.Comm, autoría que fue divulgada por el director de Bustismos.com, Antonio Giossa.
Primer problema: Rivollier está violando la ética de su profesión. Tal como lo estableció Bustismos.com, las normas que rigen para los registros en Internet establecen expresamente que “está prohibido utilizar nombres de personas físicas o jurídicas si no se está autorizado expresamente o si afectan derechos de terceros”. Obviamente, Rivollier negó haber cometido ninguna infracción. “Usted se puede llamar Juan Pérez y si no registra el nombre de dominio yo puedo registrar Juan Pérez, no hay inconveniente, el dominio estaba libre, Botnia no lo registró, yo podría tener un quiosco que se llame Botnia”, afirmó, con el desparpajo habitual en los piqueteros.
Dicho sea de paso, era precisamente un técnico en informática y militante de la Asamblea de Gualeguaychú quien, en noviembre del año pasado, presumía ante una enviada de Página/12: “Acá, 80 centímetros hacia abajo, hay un nudo informático que si lo intervenimos dejamos sin conexión de Internet a Uruguay. Esa es una medida posible y no es muy complicada de realizar”. Un técnico en informática de la Asamblea de Gualeguaychú, con ese sentido del respeto a la ley… ¿sería Rivollier?
Pero esto es, en todo caso, algo casi anecdótico que afecta a una empresa y a un extremista que actúa en un ámbito desquiciado. Hay algo más grave, y es la actitud del órgano responsable de la adjudicación de sitios en Internet, Network Information Center (NIC) Argentina. Es obvio que el 22 de enero de este año ningún argentino ignoraba qué es Botnia. ¿Cómo el órgano responsable de administrar ese recurso pudo adjudicarlo a un notorio militante y organizador de acciones ilegales como los cortes de rutas contra la instalación de una empresa cuyo nombre, también notorio, es precisamente el que está registrando?
Y es que NIC Argentina también tiene una historia de ilegalidad. En mayo de este año el vocero presidencial, Miguel Núñez, registró para la esposa del Presidente el dominio cristina.gov.ar. Pero los dominios terminados en “.gov.ar” están reservados a “dependencias estatales, sean éstas de carácter nacional, provincial o municipal”, y obviamente no se permite su utilización para los sitios de personas particulares.
Y la senadora Fernández consiguió otro dominio todavía más exclusivo: cristina.ar. Según lo explica La Nación, las direcciones terminadas en “.ar” que carecen de sufijos como “.com”, “.gov”, “.org” o “.net” son conocidas como dominios de primer nivel. En Argentina se han otorgado a muy pocas entidades (alrededor de una decena), ya porque eran preexistentes al momento de crearse el NIC, ya porque responden a proyectos estatales que superan lo gubernamental. Algunos ejemplos son: “educ.ar”, “promocion.ar”, “Gobiernoelectronico.ar”. No existe ningún antecedente de un particular al que la Cancillería, a través del NIC, le haya permitido registrar un dominio de primer nivel.
La situación fue públicamente denunciada por usuarios de Internet y blogs dedicados a la tecnología, pero los voceros de gobierno no dieron ninguna explicación.
¿Estado de Derecho?
Tenemos entonces un país en el cual el gobierno nacional y el provincial “piden” que los piquetes no corten las rutas porque esa violación del Derecho los perjudica ante el Tribunal Internacional de La Haya, pero al mismo tiempo financia a los piqueteros con dineros públicos, les otorga teléfonos celulares que pagan sus contribuyentes, entre otros apoyos.
Los piqueteros anuncian a lo largo de varios años que invadirán un país vecino para destruir una fábrica, o que la derribarán con misiles, o con un avión que se estrellará contra ella, o con panes de trotyl disimulados entre los troncos, anuncian que impedirán la navegación del río limítrofe, y ningún fiscal los llama a responsabilidad. Es más, el jefe de Gabinete resuelve que –para perjudicar a un país vecino, con el que mantiene relaciones diplomáticas– incumplirá su obligación de dragar el río limítrofe.
Un gobernador contrata irregularmente a un abogado para entablar un juicio por contaminación en el grado de tentativa contra todos los directivos del Banco Mundial y los de Botnia, contra el o los gobiernos uruguayos implicados en tal tentativa de delito, al que no serían ajenos todos los expertos mundiales que informaron que, si son construidas según lo establecido, las plantas de celulosa no contaminarán. Ese gobernador, el vicegobernador y su entorno, acusan reiteradamente al juez y a la fiscal a cargo del juicio de “tener intereses no necesariamente económicos” en hacer fracasar el juicio. Doblegan a la fiscal y continúan agraviando públicamente al juez. Nadie los llama a responsabilidad. La Cámara de Diputados de la provincia exige al juez (por unanimidad) que haga lugar a la denuncia. Es el más absoluto atropello al Estado de Derecho, y nadie en Argentina lo señala.
Resulta casi una minucia que el organismo responsable de adjudicar los dominios en Internet viole descaradamente la reglamentación, ayer otorgando un dominio oficial a una candidata presidencial, hoy otorgando un nombre que le está vedado.
El jefe de Gabinete argentino dice ahora que hay que someterse al Derecho, y que su país acatará la decisión de La Haya, sea cual sea. A esta altura: ¿qué garantías tienen los gobiernos nacionales, qué garantías tiene el Mercosur, qué garantías tiene el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, de que Argentina respete la legalidad?
***
Duros vs. moderados
Las peleas internas jaquean la asambleaDifieren sobre los métodos de luchaGualeguaychú
Llueve como si nunca hubiera llovido en el kilómetro 28 de la ruta 136, muy cerca del río que hoy divide más que une a argentinos y a uruguayos. El diluvio y el granizo que caen se escuchan en el techo de la precaria construcción de madera y cemento que los asambleístas erigieron al costado de la ruta hace unos cinco meses, y que sirve de sede para las reuniones cuando el tiempo deja de ser benévolo.
La Nación, 7/10/2007
***
Alberto Fernández calificó a los vecinos de Gualeguaychú de “temerarios” y negó que el país esté “cediendo posiciones”
Horas después de que el Gobierno acusara a Uruguay de “entorpecer el diálogo” y las gestiones de España en el conflicto por Botnia, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a defender la mediación del rey Juan Carlos y lanzó un duro cuestionamiento a los asambleístas que rechazan la puesta en marcha de la pastera.
La Nación, 5/10/2007.
***
Fernández habló de “recuperar la relacion”
Pese a que la solución parece estancada, el conflicto por las papeleras mantiene un termómetro en sube y baja. Un día después de que la relación entre Argentina y Uruguay volviera a tensionarse debido a los rumores sobre una posible “hoja de ruta de diálogo” surgidos en Montevideo, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que la intención del Gobierno es “recuperar la relación” bilateral, para que vuelva a ser lo que alguna vez –no hace tanto– fue.
Página/12, 6/10/2007
***
Un grupo de sesenta asambleístas cruzará a Uruguay para participar de una reunión en Nueva PalmiraGualeguaychú
El enojo ya no se circunscribe sólo a la odiada papelera Botnia, ni a Uruguay, ni al gobierno finlandés, ni a buena parte de la prensa nacional que los critica. Ni siquiera al gobernador entrerriano, Jorge Busti, hasta hace poco destinatario de todos los insultos. Los integrantes de la asamblea de esta ciudad desconfían hoy hasta de sus propias sombras y la hostilidad incluye al presidente Néstor Kirchner y a su esposa y candidata presidencial, Cristina Fernández.
La Nación, 7 octubre 2007.
***
Fabián Moreno Navarro: “Se llegó tres años tarde a La Haya”
El gobierno nacional, cada vez que puede, desliza la teoría de que la diplomacia ha hecho lo que Gualeguaychú pedía. Una manera de “socializar” el fracaso por la pastera, imputándoselo también a los vecinos. Sin embargo, los asambleístas no fueron escuchados tres años atrás, cuando pedían acudir al tribunal internacional. “Eso hubiera abortado la llegada de Botnia”, aseguró el abogado y asambleísta, Fabián Moreno Navarro.
Análisis Digital, Paraná, 7/10/2007.
***
Campaña en Internet
Polémico sitio web de Cristina Kirchner
El Gobierno violó un reglamento
Si Cristina Fernández de Kirchner se convirtiera en la candidata presidencial del oficialismo, habría empezado con una irregularidad: los asesores de la primera dama violaron un reglamento de la Cancillería y registraron a su nombre una dirección de Internet que es exclusiva de organismos gubernamentales.
La Nación, jueves 21 de junio de 2007.
