Rumbosur No. 3, 27.04.2007.
Los denunciantes por la desaparición de Washington Barrios y el asesinato de su esposa Silvia Reyes (de 19 años y embarazada), Diana Maidanick y Laura Raggio (ambas de 20), se enfrentarán en un careo con los militares Juan Modesto Rebollo, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Armando Méndez, en principio el 3 de mayo en el Juzgado en lo Penal de 19° turno a cargo del juez Luis Charles.
La madre de Barrios, Hilda Fernández, su hermana Jacqueline y su cuñada se enfrentarán a los militares que negaron ante el juez Charles cualquier vinculación con la desaparición de aquél, ocurrida en 1974 en Córdoba (Argentina). Además, la cuñada de Barrios, Estela Reyes, protagonizaría el primer encuentro cara a cara con el militar acusado de torturarla durante su reclusión.
Los hechos investigados por la Justicia ocurrieron a las 2.40 de la madrugada del 21 de abril de 1974, cuando un grupo del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA), ingresó al domicilio de Barrios, a quien buscaba por su vinculación con el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Barrios se había trasladado a la Argentina, y en su casa estaban su esposa embarazada y dos amigas. Las tres murieron en lo que las Fuerzas Conjuntas presentaron entonces como “un enfrentamiento”, y los familiares denuncian como un asesinato a sangre fría. Diana Maidanick recibió 35 balazos.
“Al mediodía llegaron varios camiones del ejército con soldados y comenzaron a llevarse todo el mobiliario”, declaró Jacqueline Barrios al diario La Juventud. “Se llevaron la puerta, hasta los tapones y las tapas de las llaves de las luces. Cuando se llevaron la máquina de coser y el colchón del sofá cama que estaba en el lugar donde las asesinaron, todo estaba lleno de sangre. Era horrible. Lo que no pudieron llevarse, como el placard del dormitorio, lo rompieron. Unas semanas después cuando mi padre y mi otro hermano limpiaron volví a entrar al apartamento. La puerta de acceso al comedor y dormitorio no tenía un sólo vidrio sano, el revoque y los ladrillos estaban todos rotos a consecuencia de las ráfagas, las paredes salpicadas con sangre y las balas incrustadas en el cielo raso tenían trozos de cuero cabelludo”. Según ese testimonio, los soldados estuvieron a punto de matar al padre de Barrios, también llamado Washington, a quien confundieron con su hijo.
La madre y la hermana del joven radicaron denuncias penales en Uruguay y Argentina, y a ellas se sumó la de la cuñada de Barrios, detenida aquella misma noche, y quien denunció haber sido torturada varios meses después de su detención para saber sobre Washington.
Balas al juez
Mientras se aproximaba esa instancia judicial, el juez Gustavo Mirabal –que habilitó el pedido de extradición a Chile de los militares acusados por el secuestro y asesinato del agente de inteligencia pinochetista Eugenio Berríos— paseaba por la rambla del Buceo el domingo 16 junto con su cuñado, cuando oyó pasar una bala cerca de su cabeza. Mirabal había accedido a que los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli fueran puestos a disposición de la Justicia chilena.
El abogado Gervasio Guillot Eula, tras participar en una reunión con militares, habría advertido a Mirabal que uno de ellos le calificó como “blanco militar inminente”. Luego de transmitirle la amenaza, según Brecha, el abogado enumeró algunos pasos que el juez podría seguir para “calmar los ánimos”, entre ellos elevar un escrito al Poder Ejecutivo para recordar al gobierno que tenía la potestad de impedir la entrega de los militares. Después del atentado, Guillot habría llamado a Mirabal para solidarizarse con él antes de que la información se hiciera pública.
Al cierre de esta nota, Guillot negaba haber advertido al juez, atribuía a Mirabal haber interpretado mal sus palabras, e identificaba al militar que habría proferido la amenaza con un apodo que nadie conoce.
En los mismos días, varios miembros del gabinete habrían sido amenazados en forma anónima por la extradición de Casella, Radaelli y Sarli, según Canal 10. El informativo del canal ratificó en todos sus términos la información según la cual el atentado contra Mirabal, sumado a esas amenazas, provocó el adelanto del traslado a Chile de los tres militares uruguayos. Los gobernantes mencionados desmintieron tajantemente la información.
Además de la extradición por el caso Berríos, el juez Mirabal tiene a su cargo varios juicios por detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre ellos el de María Claudia García de Gelman.
Las reacciones desde la interna militar no han sido demasiado tranquilizantes.
En las últimas semanas, el Centro Militar y el Círculo Militar afirmaron que las acciones judiciales contra sus camaradas constituyen una “amenaza a la paz pública”. El ex jefe de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, Iván Paulós, dijo que él “actuaría con hechos” ante esta situación, aunque ahora no tiene “el mando” para hacerlo.
Pedro Bordaberry afirmó que existen "presiones" desde distintos ámbitos para que la Justicia procese a su padre, el ex dictador Juan María Bordaberry, por el delito de atentado a la Constitución.El general retirado Manuel Fernández dijo a Últimas Noticias que las extradiciones son una “inmoralidad”, y que el atentado contra Mirabal es una “consecuencia lógica de los hechos”. “Yo tengo dudas sobre el futuro porque después que se larga algo así es difícil de parar”, agregó, y aclaró que sus temores refieren a que “continúe la inseguridad”.
El general retirado Oscar Pereira contestó que está “seguro de que los oficiales no forman parte de una asociación para delinquir ni secuestrar, sino que estaban cumpliendo órdenes de los mandos. No creo que los mandos hayan estado al margen sino que lo ordenaron. Los Ejércitos no funcionan así; en el hipotético caso de que hubieran actuado en forma personal, los generales debieron haberlos pasado a la Justicia porque los cometidos fueron delitos. Y si no lo hicieron así fue porque asumieron la responsabilidad de los hechos. Así es la esencia de la vida militar”.
Las extradiciones se dan en un marco inquietante para los mandos de la época. No sólo Berríos fue ocultado en Uruguay, en un operativo secreto e ilegal en plena democracia, recordó Samuel Blixen en Brecha. “También fueron escondidos aquí otros represores: el mayor Carlos Herrera Jiménez, un oficial del Ejército chileno que ofició de custodia de Berríos en un apartamento de Pocitos, que era a la vez un ‘refugiado’ reclamado en Santiago por el asesinato de un dirigente sindical, Tucapel Jiménez. El capitán del ejército Arturo Sanhueza Ross, procesado en Chile por diversos crímenes, entre ellos el asesinato del periodista José Carrasco, fue igualmente ocultado por sus colegas uruguayos. Una última información, aún no confirmada, dice que Uruguay refugió, entre 1992 y 1993, a uno de los hijos de Pinochet, Augusto Pinochet Iriart, perseguido por la Justicia de su país por delitos económicos. Por si fuera poco, entre los viajes a Uruguay de agentes de la inteligencia militar destaca el del mayor Arturo Silva Valdez, mano derecha de Pinochet, y actualmente procesado como responsable del asesinato de Berríos”.
Balas al juez (2)
Y, en plena ebullición de ese tema, vino a saberse que un grupo de 12 ex ediles colorados y blancos de Rivera, procesados por corrupción por el juez Federico Álvarez Petraglia, discutió cómo sacar al magistrado de en medio y manejó la opción de matarlo.
La noticia causó alarma no sólo por la amenaza, sino también porque se produjo en un asado que (entre otros privilegios) compartían los ex ediles detenidos en la Seccional 1ª de Rivera, en presencia de policías uniformados que participaban del asado y que no dieron cuenta de los hechos.
Los ex ediles coincidieron en que el juez les había arruinado la vida y que, si seguía averiguando, podría complicar la de otros. Según fuentes de La Diaria, uno de los comensales (quien ocupó una banca de diputado por el Partido Nacional) concluyó que las alternativas eran “trasladarlo o pegarle un tiro”.
Cuestionamientos a la Justicia
Por los mismos días, el ex ministro de Turismo y ex candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, Pedro Bordaberry, afirmó en una carta enviada a los medios de difusión que existen "presiones" desde distintos ámbitos para que la Justicia procese a su padre, el ex dictador Juan María Bordaberry, por el delito de atentado a la Constitución.
“Los dos jueces que intervinieron en [el juicio] y fallaron en forma favorable a mi padre han sufrido consecuencias: uno fue degradado y la otra sumariada”, dijo el actual dirigente colorado, y recordó que los jueces Pedro Hackenbruch y Fanny Canessa han sido objeto de investigaciones. El primero “fue sancionado, en los hechos, sacándole del fuero penal y pasándolo al laboral”. Respecto a la segunda “la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió iniciar un sumario administrativo tras la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno de revocar el archivo de la causa resuelto por la magistrada. En dicha sentencia, el tribunal de segunda instancia señaló que no correspondía a Canessa determinar la cosa juzgada, en tanto el máximo órgano judicial ya se había pronunciado en dos oportunidades sobre el tema”.
Afirma además que, “en 1986, en plena democracia rechazó una denuncia por atentado a la Constitución, disponiendo su clausura y archivo (...). Y casi veinte años después se vuelve a plantear la misma denuncia y la Suprema Corte expresa que cambió de opinión y rehabilitó lo que anteriormente había clausurado”.
Entre las presiones a los jueces incluye que “un senador y un diputado vociferen en la prensa que la Justicia debe procesar sin más en este caso”.
Bordaberry había declarado semanas atrás al semanario Crónicas que, cuando habla la Justicia, los políticos se deben callar.
Del mismo palo
Mientras tanto, desde el otro lado del espectro político también surgen noticias inquietantes para el gobierno. Sectores que se auto-califican como de izquierda radical (integrantes del Frente Amplio y ajenos a él) se proponen agruparse para cuestionar la orientación de la izquierda mayoritaria en relación al pago de la deuda externa y las negociaciones con organismos internacionales de crédito, las plantas de celulosa, los tratados de libre comercio, la “nula participación de las bases” en el gobierno, y el reclamo de aumento de salarios y reforma agraria. En una mesa redonda organizada por el diario argentino El Obrero Internacional y el trotskista Partido de los Trabajadores (que en las últimas elecciones nacionales logró 513 votos), participaron Fernando Vázquez, del Movimiento 26 de Marzo (26 mil votos), y el ex edil Jorge Zabalza, de la Corriente de Izquierda (11 mil votos). El primero integra el Frente Amplio aunque se manifestó desilusionado porque “a veces avanzan los pueblos y retroceden los dirigentes”. Zabalza dijo creer que no lo votará en el futuro, que él ya sabía que vendría “un gobierno progresista que llevaría adelante políticas neoliberales y represivas”, y llamó a ser el “palo en la rueda del progresismo, que hoy en día es la expresión más clara de las políticas imperiales y neoliberales”.
“Hay muchos Amodio Pérez en este gobierno, que nos patean el hormiguero”, aludiendo al emblemático traidor del MLN.
El líder del PT, Rafael Fernández, ensalzó a los cañeros que ocupan tierras en Bella Unión y a los trabajadores de Impresos Vanni que ocuparon la empresa, formaron una cooperativa y exigen su expropiación.
Orlando Zeballos, hablando en sustitución del músico Yamandú Palacios (quien abandonó el Frente Amplio), criticó al gobierno que pretende reglamentar el derecho de huelga por decreto, “como un sueño del oscurantismo, de los Pacheco, de los Bordaberry”, y por proyectar un presupuesto igual “al que nos tenían acostumbrados los De Posadas”.
Gerardo Sosa, ocupante de la imprenta Vanni, afirmó que si este fuera un gobierno de izquierda debería expropiarla, y anunció que, a pesar de estar procesados, él y sus compañeros volverán a ponerla en funcionamiento. El procesamiento por apropiación indebida, dijo, fue la comprobación de que el Frente Amplio y el PIT-CNT “condenan a los obreros”.
Gobierno de “Amodios”
Pocos días después tuvo el bautismo Asamblea Popular, otro agrupamiento radical en el que participaron representantes de los mismos y otros sectores, como el PT, la Corriente de Izquierda, el 26 de Marzo, el maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), integrantes de la central sindical a título personal (como Carlos Sosa de OSE, Juan Carlos Venturini del sindicato de Artes Gráficas, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, de la Coordinadora de Jubilados adherida al Pit-Cnt, de los cañeros de UTAA, del Instituto del Niño, de Sutel, del Sudora de Salto, del movimiento de deudores Madur, del Casmu), y se recibió una adhesión de Fucvam.
El agrupamiento acusó al gobierno de “traidor” y reclamó “un salariazo” para trabajadores y jubilados. Ante unos 500 asistentes (según los organizadores) que llegaron a cortar el tránsito de la calle Convención, anunciaron movilizaciones en todo el país para obligar al gobierno de Tabaré Vázquez a “cambiar el rumbo”. Anunciaron también que coordinarán acciones para que el Pit-Cnt refleje su posición.
Dando el clima de la reunión, la locutora Graciela Posamay afirmó que “hay muchos Amodio Pérez en este gobierno, que nos patean el hormiguero”, aludiendo al emblemático traidor del MLN.
Orlando Zeballos, hablando en sustitución del músico Yamandú Palacios (quien abandonó el Frente Amplio), criticó al gobierno que pretende reglamentar el derecho de huelga por decreto, “como un sueño del oscurantismo, de los Pacheco, de los Bordaberry”, y por proyectar un presupuesto igual “al que nos tenían acostumbrados los De Posadas”.
Gerardo Sosa, ocupante de la imprenta Vanni, afirmó que si este fuera un gobierno de izquierda debería expropiarla, y anunció que, a pesar de estar procesados, él y sus compañeros volverán a ponerla en funcionamiento. El procesamiento por apropiación indebida, dijo, fue la comprobación de que el Frente Amplio y el PIT-CNT “condenan a los obreros”.
Gobierno de “Amodios”
Pocos días después tuvo el bautismo Asamblea Popular, otro agrupamiento radical en el que participaron representantes de los mismos y otros sectores, como el PT, la Corriente de Izquierda, el 26 de Marzo, el maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), integrantes de la central sindical a título personal (como Carlos Sosa de OSE, Juan Carlos Venturini del sindicato de Artes Gráficas, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, de la Coordinadora de Jubilados adherida al Pit-Cnt, de los cañeros de UTAA, del Instituto del Niño, de Sutel, del Sudora de Salto, del movimiento de deudores Madur, del Casmu), y se recibió una adhesión de Fucvam.
El agrupamiento acusó al gobierno de “traidor” y reclamó “un salariazo” para trabajadores y jubilados. Ante unos 500 asistentes (según los organizadores) que llegaron a cortar el tránsito de la calle Convención, anunciaron movilizaciones en todo el país para obligar al gobierno de Tabaré Vázquez a “cambiar el rumbo”. Anunciaron también que coordinarán acciones para que el Pit-Cnt refleje su posición.
Dando el clima de la reunión, la locutora Graciela Posamay afirmó que “hay muchos Amodio Pérez en este gobierno, que nos patean el hormiguero”, aludiendo al emblemático traidor del MLN.
“Si tuviera que contestar hoy, tal cual están las cosas, el Movimiento 26 de Marzo no tendría lugar en el FA. Pero no nos auto-excluiremos. Daremos la lucha para restaurar la visión antiimperialista y anticapitalista, que es la que abandonó el FA”.El ex senador Helios Sarthou (Corriente de Izquierda) reprochó al Frente Amplio: “Los llevamos para que comenzaran pensando en el poder, después en el gobierno y terminaron en los cargos”, porque en la Intendencia de Montevideo, se les despertó “el apetito y la ambición”. Para no pecar por poco, Sarthou calificó al Encuentro Progresista como “caballo de Troya” para la izquierda, dijo que la política del ministro de Economía, Danilo Astori, apuesta “al capital extranjero” que obliga a “arrodillarse sumisos” a los representantes del gobierno, y que el gobierno mostró “su debilidad” en el tema militar.
Eduardo Rubio (26 de Marzo) anunció que el agrupamiento que allí se iniciaba “permitirá cambiar el rumbo de esta política que abandonó los principios y la historia de lucha del pueblo”. Llamó además a participar el próximo 1º de Mayo “con un planteo anti-imperialista y reclamando cambios en el gobierno”.
El dirigente de OSE dijo que los gobernantes “engañan al pueblo” y que la administración de Vázquez “es un obediente criado de los monopolios”.
El representante del PCR, Ricardo Cohen, denunció que “la torta sigue creciendo y el trabajador pasa hambre”, y acusó al gobierno por “fomentar el pro yanquismo”.
El dirigente de los pasivos, Héctor Morales, acusó al gobierno de “traicionar los sueños”, y sentenció que “se tienen que ir” del Frente Amplio los que se apartaron de sus principios históricos.
Pocos días después de la asamblea, los deudores de Madur cortaron con tractores el tránsito frente al Palacio Legislativo.
***
Del mismo palo (2)
“Si tuviera que contestar hoy, tal cual están las cosas, el Movimiento 26 de Marzo no tendría lugar en el FA”, reconocía a fines de 2005 el dirigente Fernando Vázquez. “Pero una de las cosas que resolvimos en nuestro plenario del sábado 5 [de noviembre], fue que no nos auto-excluiremos. Daremos la lucha, desde una óptica frenteamplista, para restaurar la visión antiimperialista y anticapitalista, que es la que abandonó el FA”, apuntó.
“Acá hay dos formas de romper la unidad”, advertía el 26 de Marzo a fin del año pasado: “una como lo hizo Batalla en el 89 y la otra diluyendo, diluyendo [mediante] un lento proceso de transformaciones: un día ‘no se puede’ una cosa, al otro día ‘no se puede’ otra cosa, al otro ‘se puede pagar la deuda’ (...) y cuando querés acordar ¿de qué cambio nos están hablando?”.
Fuentes del FA explicaban entonces que no existe ninguna intención de excluir a estos sectores hipercríticos. “No tenemos oposición de centro ni de derecha; sería un error crear una oposición de izquierda”, comentaba a rumbosur un experimentado integrante de la Mesa Política. De todos modos, señalaba, la correlación de fuerzas en el FA es tan contundente que probablemente esos grupos opten por autoexcluirse, como lo hizo en su momento el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), “y terminó de desaparecer”.
Sorpresa: el MRO acaba de reaparecer en una reagrupación de izquierda autodenominada radical, la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR), integrada por el Colectivo Militante, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Frente Revolucionario por una Alternativa Socialista, y la Columna Artiguista de Liberación 1971. Según los miembros de la CUR, su constitución fue convocada por “más de 60 militantes”.
Para el mensuario digital Construyendo (3 de abril), “tildar al gobierno de Tabaré Vázquez de progresista ya es una franquicia conceptual. Muchos frenteamplistas, entusiasmados en su momento con el ‘cambio posible’, arriban hoy a la misma conclusión. Se sienten estafados”.
Y apunta que su crítica es de fondo: en este gobierno, dice, “se le teme a toda iniciativa autónoma de los trabajadores y se estigmatiza toda lucha que no se ajuste a ‘la ley y la Constitución’. Los chantajes de la derecha y la intoxicación mediática, que fabrican los miedos a la ‘inseguridad’ y la ‘delincuencia violenta’, obtienen del gobierno, jueces y fiscales, medidas y sentencias que refuerzan el ‘orden’ y la ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada. (...) De allí su férrea voluntad de desactivar la ‘conflictividad laboral’ por la vía de reglamentaciones y decretos, en abierto maridaje con las corporaciones empresariales. Como acaba de ocurrir con el tema de las ocupaciones, donde ni la conciliadora dirección del PIT-CNT fue consultada”.
“(...) En este cuadro, el ‘país productivo’ es un slogan publicitario. Ya que se sabe, por ejemplo, que el ‘crecimiento del PIB’ en un 6,6% se debe, esencialmente, a la demanda externa. O dicho de otro modo, al aumento de las exportaciones, principalmente agropecuarias y agroindustriales. Porque no hay un desarrollo del mercado interno, ni inversiones productivas que generen empleo, ni satisfacción de las necesidades sociales básicas”.
“Si tuviera que contestar hoy, tal cual están las cosas, el Movimiento 26 de Marzo no tendría lugar en el FA”, reconocía a fines de 2005 el dirigente Fernando Vázquez. “Pero una de las cosas que resolvimos en nuestro plenario del sábado 5 [de noviembre], fue que no nos auto-excluiremos. Daremos la lucha, desde una óptica frenteamplista, para restaurar la visión antiimperialista y anticapitalista, que es la que abandonó el FA”, apuntó.
“Acá hay dos formas de romper la unidad”, advertía el 26 de Marzo a fin del año pasado: “una como lo hizo Batalla en el 89 y la otra diluyendo, diluyendo [mediante] un lento proceso de transformaciones: un día ‘no se puede’ una cosa, al otro día ‘no se puede’ otra cosa, al otro ‘se puede pagar la deuda’ (...) y cuando querés acordar ¿de qué cambio nos están hablando?”.
Fuentes del FA explicaban entonces que no existe ninguna intención de excluir a estos sectores hipercríticos. “No tenemos oposición de centro ni de derecha; sería un error crear una oposición de izquierda”, comentaba a rumbosur un experimentado integrante de la Mesa Política. De todos modos, señalaba, la correlación de fuerzas en el FA es tan contundente que probablemente esos grupos opten por autoexcluirse, como lo hizo en su momento el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO), “y terminó de desaparecer”.
Sorpresa: el MRO acaba de reaparecer en una reagrupación de izquierda autodenominada radical, la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR), integrada por el Colectivo Militante, el Movimiento Revolucionario Oriental, el Frente Revolucionario por una Alternativa Socialista, y la Columna Artiguista de Liberación 1971. Según los miembros de la CUR, su constitución fue convocada por “más de 60 militantes”.
Para el mensuario digital Construyendo (3 de abril), “tildar al gobierno de Tabaré Vázquez de progresista ya es una franquicia conceptual. Muchos frenteamplistas, entusiasmados en su momento con el ‘cambio posible’, arriban hoy a la misma conclusión. Se sienten estafados”.
Y apunta que su crítica es de fondo: en este gobierno, dice, “se le teme a toda iniciativa autónoma de los trabajadores y se estigmatiza toda lucha que no se ajuste a ‘la ley y la Constitución’. Los chantajes de la derecha y la intoxicación mediática, que fabrican los miedos a la ‘inseguridad’ y la ‘delincuencia violenta’, obtienen del gobierno, jueces y fiscales, medidas y sentencias que refuerzan el ‘orden’ y la ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada. (...) De allí su férrea voluntad de desactivar la ‘conflictividad laboral’ por la vía de reglamentaciones y decretos, en abierto maridaje con las corporaciones empresariales. Como acaba de ocurrir con el tema de las ocupaciones, donde ni la conciliadora dirección del PIT-CNT fue consultada”.
“(...) En este cuadro, el ‘país productivo’ es un slogan publicitario. Ya que se sabe, por ejemplo, que el ‘crecimiento del PIB’ en un 6,6% se debe, esencialmente, a la demanda externa. O dicho de otro modo, al aumento de las exportaciones, principalmente agropecuarias y agroindustriales. Porque no hay un desarrollo del mercado interno, ni inversiones productivas que generen empleo, ni satisfacción de las necesidades sociales básicas”.
